«La ley del llano es la ley del más fuerte.»
— Rómulo Gallegos, Doña Bárbara (1929)
La detención de Nicolás Maduro ha suscitado una serie de análisis que critican a Estados Unidos por carecer de un plan claro para la transición en Venezuela. Se argumenta que, si bien la operación militar fue un éxito, el componente político permanece opaco. Esta lectura es un error.
Lo que se observa desde Washington no es confusión, sino la aplicación de un realismo duro y pragmático, dispuesto a aceptar un escenario lejano al ideal democrático a cambio de resultados geopolíticos inmediatos y de bajo costo. El escenario que emerge tiene un precio elevado: un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, con gran parte de la estructura chavista aún en posiciones de poder clave — su hermano Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Legislativa, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su puesto, y Diosdado Cabello como ministro del Interior.
A este costo, se obtiene una transición controlada. Washington comprendió con precisión un dato fundamental: María Corina Machado, a pesar de su coraje y del apoyo mayoritario de un sector del pueblo venezolano, no ha logrado fracturar el núcleo del poder real: el aparato represivo.
Ni tras las elecciones cuestionadas ni durante las masivas manifestaciones se evidenció un quiebre público en las Fuerzas Armadas ni en la Guardia Nacional Bolivariana. Colocar a Machado en el poder sin ese poder coercitivo interno sería precipitar al país en un caos anómico, en una cuasiguerra civil en la que su victoria no está garantizada, especialmente si el régimen recurre al apoyo cubano o ruso para la represión.
Ante esta disyuntiva, las opciones para una transición liderada por la oposición son inviables. Una intervención militar directa estadounidense implicaría un costo político y económico prohibitivo, contrario a la doctrina America First y al nuevo aislacionismo republicano. Una fuerza internacional o latinoamericana es una quimera, bloqueada por el veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad y por la falta de voluntad de potencias regionales como Brasil, Colombia o México.
Por tanto, la operación ejecutada se ajusta a una lógica de realpolitik: descapitar al líder máximo y negociar con los herederos del régimen, quienes, al controlar la coerción, "tienen la sartén por el mango". La demostración de fuerza evidenció la obsolescencia de las defensas venezolanas, la penetración de los servicios de inteligencia y la vulnerabilidad del chavismo. Ahora, la presión se traslada al régimen para que resuelva sus disputas internas — entre Cabello, los Rodríguez y la influencia cubana — y llegue a un acuerdo de convivencia con Washington.
Este pacto implicaría, como mínimo, el distanciamiento de Cuba y Nicaragua, la ruptura de vínculos estrechos con China y Rusia, y la apertura de sectores estratégicos de la economía venezolana al capital estadounidense.
Sin embargo, esta narrativa de un realismo eficaz presenta omisiones críticas y asume una linealidad que la realidad venezolana desafía. Su principal falla es la falacia del control total. Se supone que se puede destituir a Maduro e instalar un gobierno de transición, manteniendo intacta y cohesionada la estructura chavista. Esta visión subestima la profunda fragmentación del poder real en Venezuela. Según el análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y de la Fundación Insight Crime, las Fuerzas Armadas no son un bloque monolítico, sino una red de "carteles de los generales" que controlan el tráfico de drogas, oro y gasolina en distintas regiones.
Su lealtad a un nuevo gobierno central dependerá de la preservación de sus negocios ilícitos, no de la lealtad ideológica. Una lucha de poder entre estas facciones podría derivar en una fragmentación violenta del territorio, no en una transición ordenada. Además, se subestima la capacidad de Rusia y China para desestabilizar. Su objetivo, tras perder a un aliado, podría ser sabotear una transición auspiciada por Estados Unidos. Rusia, con personal técnico militar y capacidades cibernéticas en el país, podría apoyar facciones leales para crear un conflicto prolongado, transformando a Venezuela en un nuevo punto de tensión asimétrica que consuma recursos y atención estadounidenses.
El análisis también pasa por alto el factor humanitario y migratorio como presión regional. Cerca de 8 millones de venezolanos han huido, lo que ha provocado el colapso de los servicios en países vecinos. Cualquier "acuerdo estable" que no revierta rápidamente esta crisis será un fracaso para los gobiernos latinoamericanos, erosionando cualquier beneficio percibido de la operación. La estabilidad requiere el flujo de alimentos y medicamentos, no solo de inversiones petroleras.
Existe un tercer escenario plausible: la decapitación del régimen podría precipitar una lucha interna que derive en múltiples zonas de control: un gobierno nominal en Caracas, regiones bajo mando militar autónomo (como Guayana) y áreas dominadas por guerrillas colombo-venezolanas. Este escenario obligaría a una respuesta regional. Si bien Brasil bajo Lula rechaza la intervención, una crisis de seguridad compartida en la Amazonía podría empujar al Ejército brasileño — con una doctrina histórica de proteger la frontera — a acciones unilaterales de contención, creando un nuevo foco de tensión continental. Este escenario es poco probable.
La operación puede interpretarse como un "éxito" en la cosmovisión transaccional: eliminar un nemesis, demostrar fuerza y abrir oportunidades comerciales. El éxito estará medido en la capacidad de Washington por lograr una "Venezuela estable y abierta a los negocios" y aún más si es democrática; el fracaso será si no un "Estado fallido administrado por oligarcas militares", sumido en una crisis humanitaria perpetua. El mayor riesgo no es el fracaso militar, sino el fracaso político. Una transición que consolide a figuras sancionadas por corrupción y violaciones de derechos humanos, ignorando a la Asamblea Nacional electa en 2015 y a líderes de la oposición civil, destruiría la legitimidad democrática del proceso.
Esto alejaría a aliados clave en la Unión Europea y Latinoamérica, dejando a Estados Unidos solo, administrando un protectorado informal sobre un país fracturado, cargando con toda la responsabilidad de su reconstrucción sin el consenso internacional. Esta consecuencia contradice directamente la doctrina America First de evitar compromisos onerosos.
La lección de intervenciones pasadas es clara: se puede derrocar a un tirano con relativa facilidad, pero la paz y la estabilidad solo se construyen con un consenso amplio y con crecimiento económico. Al ignorar esta premisa, la estrategia de Washington corre el riesgo de no resolver el problema venezolano; solo cambia su forma, arriesgándose a crear una crisis aún más profunda, costosa y desestabilizadora para toda la región. El tiempo dirá si este cálculo, hecho desde la frialdad del realismo, termina siendo un acierto estratégico o un error histórico de proporciones y si la descripción de Rómulo Gallegos sigue aplicando a la Venezuela del siglo XXI.